jueves, 19 de abril de 2012

Logro de ciertos compromisos por parte del ejecutivo con la Marcha Indígena



Goretti Roblero, Carlos Chicol, Juan Diego Ajtzip y Amalia Jiménez Galán. Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala.En la segunda reunión que se celebra entre representantes de la Marcha Indígena y del poder ejecutivo, se obtuvieron ciertos logros de cumplimiento de compromisos, si bien, aún no se logran acuerdos sobre temas estructurales.Después de la Marcha Indígena realizada del 19 al 27 de marzo de 2012, el poder legislativo se había comprometido a aprobar la Ley de Desarrollo Rural por el procedimiento de urgencia nacional. Sin embargo, nunca cumplió su palabra. Según Domingo Hernández, uno de los líderes de la marcha, se está pendiente de que el legislativo avise sobre cómo proceder, pero los movimientos sociales van a seguir presionando.En la sesión de trabajo que se realizó con la presidencia de la república y su equipo ministerial, el gobierno se comprometió a solucionar la conflictividad social en los casos de Santa María Xalapan, El Regadillo y Los Olivos en los términos propuestos por las comunidades. En el caso del Polochic, existe la voluntad de solución, pero todavía no se ha llegado a acuerdos sobre diversos aspectos que deben seguir en análisis y discusión. Para los casos en los que el ejecutivo se ha comprometido a facilitar acceso a las familias afectadas, Daniel Pascual, uno de los líderes de la Marcha Indígena, solicitó que las ofertas de compra sean propuestas por la Secretaría de Asuntos Agrarios, y no por las comunidades, porque los terratenientes bloquean todos los procesos.Sin embargo, el ejecutivo no se pronunció sobre la necesidad de respetar las consultas comunitarias en el caso de las negativas a las operaciones de distintas empresas mineras. El gobierno se escuda en la libertad constitucional que tiene el estado de explotar los recursos naturales, pero no define de qué manera va a respetar la voluntad territorial de las comunidades que se niegan a que los recursos de las tierras donde viven sean extraídos a costa de su salud, a costa de la fauna y la flora. Sobre la minería, Miguel Ángel Valcárcel, asesor presidencial, reconoció que “existen vacíos legales, reglamentarios, falta de inspección adecuada y otros límites que generan conflictividad social. No se trata de ver proyectos que se aíslen del contexto, sino establecer la pertinencia cultural de acuerdo a la Constitución y los Convenios internacionales, como el 169”. También expresó el compromiso del ejecutivo con reformar la actual ley de minería. Ekaterina Parrilla, viceministra de desarrollo sostenible indicó que el gobierno apuesta por “modificar leyes y normativas para abordar la conflictividad social”. El ministro de gobernación expresó que la solicitud de moratoria es inviable jurídicamente, pero Daniel Pascual, uno de los líderes de la Marcha Indígena, aclaró que otros países como Costa Rica o Panamá lo han hecho ya. Monseñor Ramazzini, testigo de honor en este proceso, llamó al presidente de la república a escuchar a su pueblo y darse cuenta de que es otro modelo social el que se propone, pues el modelo social dominante se está derrumbando, como prueba la profunda crisis que está viviendo Europa. El presidente de la república reconoció la dificultad de encontrar soluciones en medio de la contradicción social, en referencia al sector minero e hidroeléctrico. Respecto a las acusaciones de militarizar el país, el presidente no se comprometió a retirar los destacamentos militares de lugares de conflictividad social como San Juan Sacatepequez. Los líderes comunitarios explicaron que quienes brindan seguridad son las alcaldías indígenas y que el destacamento militar vigila los intereses de la cementera y la minera. El presidente aclaró que se trata de medidas provisionales: “No vamos a imponerlo, sino que tenemos que dialogarlo. Se lo dije a la Alta Comisionada de Derechos Humanos durante su visita y lo ratifico. Utilizamos el ejército temporalmente mientras logramos una policía eficiente”, dijo Otto Pérez Molina.Respecto a la iniciativa de ley 4087 sobre Medios de Comunicación Comunitaria y la iniciativa 4084 sobre Desarrollo Rural Integral, el presidente recordó que su partido sólo tiene un voto de los siete que se necesitan para definir la agenda prioritaria de temas. Señaló la necesidad de que el legislativo avance sobre temas que llevan años sin arreglarse y se comprometió a hacer “el mejor esfuerzo” desde la bancada de su partido político.También faltan acuerdos sobre la cuestión de los fideicomisos que han agravado la deuda agraria de miles de campesinos en el área chortí, sobre la minería, el acceso a la tierra y otros temas esenciales de las 60 reivindicaciones de la Marcha Indígena. Para continuar con este proceso de diálogo, que es el primero que un presidente atiende personalmente desde la firma de los Acuerdos de Paz, se ha fijado la fecha del 22 de mayo.

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