EN PRISIÓN PREVENTIVA, LOS DOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD CONTRATADA POR HIDRO SANTA CRUZ ACUSADOS DE ASESINATO DE UN LIDER COMUNITARIO

EN PRISIÓN PREVENTIVA, LOS DOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD CONTRATADA POR HIDRO SANTA CRUZ ACUSADOS DE ASESINATO DE UN LIDER COMUNITARIO Amalia Jiménez Galán, Goretti Roblero y Carlos Chicol. Emisoras Municipales de Andalucía-Radio y televisión (EMA-RTV) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala (AMARC Guatemala). Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares quedaron en prisión preventiva el día martes 5 de junio por los delitos de asesinato del líder comunitario Andrés Pedro Miguel y también Antonio Pablo y homicidio en grado de tentativa de Esteban Bernabé Mateo Pablo Antonio Pablo, quienes fue baleados y heridos gravemente. Los dos detenidos eran trabajadores de la empresa de seguridad de la compañía Hidro Santa Cruz, una empresa del grupo español Ecoener-Hidralia, que está imponiendo la construcción de una represa hidroeléctrica a comunidades maya q’anjob’ales del municipio de Barillas, Huehuetenango. De este proceso judicial, ya se han desarrollado dos audiencias anteriores, que fueron suspendidas ante la inasistencia de los abogados defensores de las personas acusadas. En la tercera audiencia celebrada en la torre de tribunales de la capital se siguió contando con la presencia de diferentes organizaciones, interesadas en los resultados de este proceso judicial. El caso es seguido con preocupación por las organizaciones debido al vínculo que existe entre los trabajadores y la empresa española, que ya ha sido acusada de utilizar la coacción contra las comunidades que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en lugar sagrado. De hecho, según el estudio publicado por la Convergencia de Derechos Humanos, que está integrada por las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas en Guatemala, los antecedentes de conflictos generados por el proceder de la empresa de seguridad de Hidro San Cruz se remontan al año pasado: “En Mayo del 2011, el Ministerio de Energía y Minas conceden a dicha empresa, una autorización para la construcción de la Hidroeléctrica, a partir de esa fecha la empresa construye un cerco con malla y postes de concreto, con lo cual: ◦ Obstaculizan el derecho de paso comunitario utilizado desde hacía muchos años ◦ Así como también se impide el paso y la visita a un lugar sagrado ubicado en dichos terrenos. ◦ Se inicia la construcción de una bodega de la empresa. ◦ Ante el paso de vecinos, los guardias de seguridad de dicha empresa, les intimidan accionando las armas de fuego, (carga y descarga de las mismas). ◦ A partir de esa fecha, los guardias de seguridad de la empresa, realizan disparos todas las noches, lo cual atemoriza a los comunitarios vecinos”. Entre estos hechos y la muerte del líder comunitario sucedida el 1 de mayo de 2012, se ha producido una sucesión de hechos que han agraviado los derechos colectivos de los pueblos maya q’anjob’ales del municipio de Barillas. La prohibición del paso a un lugar sagrado para celebrar la ceremonia maya es uno de los agravios más importantes. El problema fundamental es la imposición de la construcción de la represa en contra de la voluntad de las comunidades, expresada durante la realización de las consultas. El hecho de que la empresa haya denunciado a decenas de líderes comunitarios, el que se haya interpuesto una demanda contra la municipalidad por negarse a darles la licencia de construcción y la declaración de estado de sitio durante el mes de mayo son acontecimientos que han enquistado la animadversión que sienten las comunidades contra la empresa. Respecto al hecho violento del 1 de mayo, los acusados manifestaron inicialmente en esta tercera audiencia que son inocentes y negaron los hechos. Después, en el transcurso del interrogatorio, que duró 4 horas, uno de ellos expresó que dispararon en defensa propia. Asimismo el juez que lleva el caso dio un plazo de dos meses y medio para que el Ministerio Publico realice las investigaciones de los hechos ocurridos en Santa Cruz Barillas. La próxima audiencia se realizará el día 9 de octubre a las 9 de la mañana en el municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango. Tras el juicio, María Francisca Marcos, esposa del líder comunitario asesinado Andrés Francisco, expresó que le duele y lamenta la muerte de su esposo, pero aun así asiste a las audiencias por acompañar a su comunidad y espera se haga justicia por la muerte de su esposo. Los sobrevivientes y ahora testigos, indicaron que están esperando que se realice justicia y se enfocan en que sus comunidades no quieren a la empresa española Ecoener-Hidralia, que actúa en Guatemala a través de la empresa Hidro Santa Cruz, “ya que desde que esta empresa llegó a la comunidad, ya no gozan de paz”.