martes, 15 de mayo de 2012

Al Recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de estado de sitio en Barillas, Guatemala





Carlos Chicol y Amalia Jiménez Galán. AMARC Guatemala.

El Consejo de Pueblos de Occidente presentó ayer un recurso de Inconstitucionalidad contra el decreto de estado de sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango.

El estado de sitio fue decretado por el gobierno y ratificado por el congreso. Las organizaciones sociales consideran que se trata de una medida injustificada y con fines diferentes a la seguridad ciudadana.

Los hechos desencadenantes de esta situación se produjeron por una serie de disturbios ocasionados por la imposición de un proyecto hidroeléctrico.  Algunos de estos disturbios se desataron cuando, el pasado 1 de mayo, el líder comunitario Andrés Francisco Miguel fue asesinado, presuntamente, por un guardia de seguridad de la empresa hidroeléctrica  española Santa Cruz, filial del grupo Hidralia Energía, según ha manifestado una de las víctimas que quedó con vida.

La gran mayoría de comunidades del municipio de Barillas se ha manifestado contra la puesta en práctica del megaproyecto de la hidroeléctrica en su territorio ancestral. Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina y Waqib Kej, participó en una comisión de verificación que se realizó la semana pasada. Tras la investigación sobre el terreno, denunció que la mayor parte de “la persecución es contra nuestros hermanos mayas q’anjobales” y  que este estado de sitio “busca descabezar los líderes”.

Durante el estado de sitio se han realizado detenciones de 15 personas detenidas y trasladadas a la capital. Hay 10 detenidos en Huehuetenango. Decenas de personas han huído por temor a la persecución del ejército. Se han denunciado distintas irregularidades por parte del ejército durante los allanamientos de hogares. Las organizaciones sociales como Waqib Kej, Comité de Unidad Campesina (CUC), Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), entre muchas otras, cuestionan la legitimidad de esas detenciones y critican de forma drástica el uso del decreto de estado de sitio para resolver conflictos que, esencialmente, requieren de la mediación de las autoridades del estado. Sobre todo, el respeto a la consulta comunitaria, que es un derecho colectivo de los pueblos indígenas reconocido internacionalmente.

Por todos estos motivos, se ha convocado a una Marcha por Barillas el día martes 15 de mayo en la ciudad de Huehuetenango.

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